Esto en consideración que la crisis económica global ha afectado el empleo y precarizado la situación social de los trabajadores migrantes y sus familias.

En otro sentido, los representantes de los gobiernos acordaron desarrollar procesos de participación ciudadana de los migrantes en los asuntos públicos, económicos, culturales y científicos de sus países de residencia. También, se comprometieron a alentar espacios de diálogo y construcción de políticas públicas que incorporen los aportes de esta sociedad civil, en especial de las asociaciones de migrantes y otros centros de investigación. La protección de esta población abarca, además, la solicitud de la regularizar su residencia legal de manera que ellos puedan hacer sus aportes al desarrollo de los países de acogida.