El 25 de abril de 1990, por el Decreto Supremo N° 355, se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, cuyo objetivo principal fue contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, en el país o en el extranjero, y que hayan tenido relación con el Estado de Chile o con la vida política nacional.
El 8 de febrero de 1991 la Comisión entregó al ex Presidente de la República, Patricio Aylwin Azócar, el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. En él se establece la recepción de 3.550 denuncias, de las cuales se consideraron 2.296 como casos calificados.

Ley Nº 19.123  El 8 de febrero de 1992 se publica en el Diario Oficial esta Ley, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), para determinar los casos que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación no alcanzó a conocer en profundidad, y dar asistencia social y legal a los familiares de las víctimas. Este proceso terminó en 1994 y permitió que la cifra de víctimas reconocidas ascendiera a 3.195 personas.

DS Nº 1005  El 25 de abril de 1997,  el Gobierno dicta el Decreto Supremo N° 1005, que establece el Programa Continuación Ley 19.123, debido a la existencia de situaciones pendientes respecto a la ubicación de personas detenidas, desaparecidas y ejecutados políticos, así como también a la determinación de las circunstancias de su desaparición o muerte.

Ley Nº 19.980  El 9 de noviembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial esta Ley, que modifica la ley 19.123, y estableció beneficios para los familiares de víctimas ejecutadas y detenidas desaparecidas. Entre ellos destaca el bono único de reparación a los hijos que no percibieron pensión de reparación y el otorgamiento de 200 pensiones de gracia a familiares en situaciones especiales establecidas en la ley. Se otorgan recursos para la atención en salud entregada por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud, PRAIS, y  aumentan los recursos para la construcción y mejoramiento de memoriales y sitios históricos recordatorios de las víctimas.