Convenio de Seguridad Social Chile-Argentina es aprobado por ambos parlamentos

La iniciativa, que comenzó a ser estudiada en 1996, estaba aprobada por el Congreso chileno, pero permaneció estancada en Argentina por disensos producidos en su Cámara de Diputados. Pero finalmente, el proyecto fue desentrampado gracias a la intervención de la Comisión Parlamentaria Chileno-Argentina que copreside la diputada trasandina Susana Genem y el vicepresidente del Senado chileno, Carlos Bianchi.

Genem destacó que gracias a la intervención de parlamentarios y ministros de ambos países se logró destrabar el convenio que ya está aprobado también por las dos cámaras argentinas. "Ahora sólo falta que sea promulgado por el gobierno argentino y comunicado a las cancillerías para que entre en vigencia, lo que debiera ocurrir antes de fin de año", explicó.

La parlamentaria añadió que el convenio favorecerá a quienes cuyos aportes hayan sido realizados en forma alternada, los que podrán compatibilizarse cuando jubilen.

En tanto, el senador Carlos Bianchi calificó este avance como "un triunfo de la diplomacia parlamentaria". Cuenta que el Congreso chileno aprobó el convenio en 1997, pero debido a la oposición que hubo en la Cámara de Diputados de Argentina, por normas relativas al desplazamiento de trabajadores entre ambos países, permaneció detenido varios años.

El senador independiente destacó que el establecimiento de este acuerdo permitirá seguir avanzando en otros planes de integración.

El senador Antonio Horvath, también integrante de la comisión binacional, valoró el convenio que favorecerá a una gran cantidad de chilenos que deben trasladarse a Argentina para trabajar, principalmente en la zona sur del país.

Horvath explicó que el convenio permite que los fondos aportados por los trabajadores a las administradoras de pensiones argentinas se traspasen a sus cuentas en Chile y viceversa.

El acuerdo permite además que una empresa, con domicilio en un país, pueda enviar trabajadores a prestar servicios al territorio del otro, eximiéndose temporalmente del pago de las cotizaciones en el último país, pues se ajustan a la legislación previsional del país donde tiene sede la empresa, siempre que sus trabajadores sean profesionales o técnicos y justifiquen el traslado.

En el caso de los trabajadores independientes que se trasladen al otro Estado, se exige que cuenten con un seguro en su país de origen, de manera de obtener la protección debida en caso de sufrir algún accidente o enfermedad.